Escrito por Verónica Cruz Pillich
Miércoles, 16 de Marzo de 2011 16:27
Son criaturas tiernas, ingenuas y alegres que brindan amor sin esperar nada a cambio. Estos atributos, que perfectamente encajan en el perfil de cualquier niño, se ven amenazados cuando experimentan una experiencia traumática, como lo es el abuso sexual.
La Santa Sede proclamó, con motivo del Congreso contra la Explotación Sexual de los Niños celebrado en Japón en el año 2001, que el abuso sexual es un acto perverso, criminal y punible. De igual forma, durante la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, la Iglesia Católica expresó, mediante el Documento de Aparecida, que no se puede permanecer indiferente ante el auge de la pornografía y la prostitución infantil.
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Sin embargo, según las estadísticas mundiales actuales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cerca de 1.2 millones de niñas y niños son víctimas de la trata infantil y de la explotación sexual. En Puerto Rico, la información más reciente disponible en la página electrónica del Departamento de Salud, indica que tan sólo entre los años fiscales 1999-2006, el Departamento de la Familia mantenía activos 15,536 casos de abuso sexual infantil.
De esa cifra, se desprende que, durante el año natural 2006, la mayor concentración de casos de este tipo se encontraba en la zona interior de la Isla, específicamente la región de Utuado. Este municipio tenía un 15%, seguido de Humacao con 10.3% y Arecibo con 8.3%.
¿Estará vinculada la alta incidencia de casos de abuso sexual en la región de Utuado con los hechos acontecidos en Castañer? En la edición 49, del 5 al 11 de diciembre de 2010, El Visitante reveló en exclusiva la existencia de un esquema de abuso sexual y trata de niñas en Castañer, zona que comprende los municipios de Lares, Adjuntas Yauco y Maricao. Como evidencia, se reseñó el allanamiento de la Hacienda Albela, en Yauco, donde se arrestó a José Mariano Robles Pérez. A la fecha, El Visitante cuenta también con las declaraciones del sargento Efraín Burgos, encargado del caso en el año 2002.
De acuerdo al sargento, en el operativo se ocuparon fotos de niñas desnudas y cerca de 40 vídeos caseros con material pornográfico infantil. Explicó, además, que Robles Pérez se hizo pasar por ginecólogo, consiguiendo que decenas de niñas fueran llevadas hasta su casa, donde operaba un consultorio ilegal. Allí, cometía los delitos de actos lascivos y violación. Aunque los vídeos mostraban cientos de víctimas, Robles Pérez fue declarado culpable, en junio de 2003, de tan sólo cuatro cargos de violación y cuatro cargos de actos lascivos. Fue sentenciado a 35 años de cárcel.
Sin embargo, el oficial Efraín Burgos confirmó que, el llamado “ginecólogo fatulo”, no actuaba sólo. Entre los cómplices, figuraban madres de algunas de las niñas y hasta miembros de la policía. Burgos afirmó que existían, al menos, dos policías que presuntamente conocían los delitos cometidos por el acusado y no hicieron nada por evitarlo. Cuando el agente Burgos se disponía a someter nuevos casos de abuso sexual en Castañer, fue removido de la investigación por sus superiores, alegadamente, porque el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y las agencias federales se ocuparían de la pesquisa.
Burgos declaró a El Visitante que, luego de transcurridos seis años, no se han revelado los resultados de esa investigación. A su juicio, nunca se investigó la situación. Tan reciente, como el pasado mes de diciembre, el propio Guillermo Somoza Colombani, secretario del Departamento de Justicia, reconoció que existe un grave problema de abuso sexual de menores en Utuado y otros pueblos de la zona central de la Isla. Para ese entonces, señaló públicamente que estaba dispuesto a reunirse con los fiscales que tuvieran pruebas de casos específicos para radicar las acusaciones.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han hecho pública información relacionada a una posible investigación en el área de Castañer, ni se han sometido cargos. El Visitante trató, en varias ocasiones, de comunicarse con el Secretario de Justicia, a través de su oficial de prensa, Fidel Rodríguez. Los intentos resultaron infructuosos.
La Iglesia responde
Los vicarios de la Pastoral de Familia de las diócesis de Caguas y Ponce, Monseñor Juan Rodríguez Orengo y el Padre Hermenegildo Alayón, respectivamente, coincidieron en la importancia que cobra la Iglesia como recurso de ayuda dirigido a víctimas de abuso sexual.
“La Iglesia, evangelizadora, acoge a estás personas, las apoya emocional y espiritualmente y gestiona ayuda profesional para ellas”, expresó Rodríguez Orengo. El monseñor explicó que el maltrato sexual infantil, la pornografía, la trata y la prostitución de niños es un problema social que requiere atención de los padres. Resaltó que es imprescindible creer en los niños cuando confiesan que han sido molestados sexualmente, ya que éstos “no suelen mentir”.
Asimismo, manifestó que el auge de este tipo de casos denota una pérdida de valores humanos y cristianos. Al igual que revelan una salud mental deteriorada. Advirtió, también, que en el futuro, las víctimas pueden desarrollar la misma sintomatología que el agresor o agresora.
Por su parte, el Padre Hermenegildo Alayón señaló que los victimarios atacan a los menores debido a que no han tenido un desarrollo de la adultez pleno. “Han sido marcados por situaciones que no han superado y las reflejan contra los niños”, explicó. De igual modo, apuntó que, tanto la Iglesia como la sociedad civil, están llamadas rescatar a estos perjudicados. “Hay que hacer aportes de ambos lados. Hay que acompañar al niño en la educación, para luego mejorar su aspecto emocional. De lo contrario, el abuso sexual será una incisión que perdurará en la vida del niño”.
